La respuesta a esta pregunta es clara: quién la haya causado.
No cabe ninguna duda que ha habido una mala gestión en distintos ámbitos durante muchos años. Esa gestión debe dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales (en los casos de acciones claramente delictivas de desvío fraudulento de fondos públicos).
Para los casos en que no se llega al delito, los políticos prefieren llenarse la boca hablando de las responsabilidades políticas, que suena muy bonito hablar de ellas, pero que en la práctica son humo, ya que no hay ninguna forma práctica de que tengan consecuencias sobre el mal gestor.
Hay otro medio de exigir la responsabilidad a todo hijo de vecino; ya que las normas del Código Civil se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes; y el artículo 1.902 de esta norma decimonónica dice: El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
Resulta meridianamente claro que cuando un gestor invierte los fondos públicos de una forma ruinosa, sin la diligencia del buen padre de familia, de la que muy gráficamente habla el aludido Código Civil, deberá responder por su acción reparando el daño causado a la sociedad en general con cargo a su patrimonio personal.
¿Pero cuáles han sido las soluciones adoptadas por nuestros gobernantes en los últimos tiempos?, pues sencillamente cargar las consecuencias de su mala gestión sobre los administrados, recortando prestaciones, aumentando la cuantía de los impuestos vigentes y creando otros nuevos.
Nuestra Carta Magna contempla en su artículo 31.1 que Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Aquí tendremos que entrar a valorar si un sistema tributario continúa siendo justo cuando al recorte de los salarios se suma una subida de impuestos y recorte de prestaciones sociales.
Pero el punto 2 del mismo artículo es aún más significativo, ya que dice que El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficacia y economía. No hay que ser un Séneca para saber que en los últimos años se han gastado más recursos públicos de los existentes, y que en muchos casos se han asignado de forma caprichosa para inversiones faraónicas desproporcionadas a las necesidades sociales (podemos recordar aquí algunos aeropuertos sin aviones, estadios sin deportes, etc).
Una de las primeras medidas que se adoptó fue la bajada de las retribuciones a los funcionarios públicos; medida que a algunos comentaristas políticos y a parte de la ciudadanía le ha parecido adecuada, en base al argumento de que ya que estos trabajadores tienen la seguridad en el empleo, deben efectuar un especial sacrificio para paliar la situación.
No voy a entrar aquí en la polémica de que los sufridos servidores públicos nunca han tenido subidas espectaculares de sueldo, ni tampoco han cobrado en “B”, incluyendo en su declaración de la renta hasta el último céntimo de sus retribuciones; pero de lo que sí voy a hablar es de que los funcionarios de carrera no deben pedir perdón a nadie por poseer una plaza en propiedad, ya que la han adquirido en un proceso selectivo sometido a los principios de mérito y capacidad, y la cual conlleva unos derechos adquiridos.
Uno de esos principales derechos adquiridos por los funcionarios es el de las retribuciones. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas sentencias (entre ellas, la de 28 de abril de 1998) en el sentido de que No puede incluirse en los derechos adquiridos el mantenimiento de una determinada estructura de las retribuciones, sin embargo sí merece aquella calificación el montante consolidado de las mismas, al que normalmente suele atenderse, en caso de que el nuevo régimen lo disminuya, mediante la técnica de los complementos personales y transitorios, absorbibles por futuros aumentos. En este texto se pude ver claramente la “patada” que la bajada de las retribuciones de los funcionarios ha dado a la reiterada jurisprudencia.
Por si todos los anteriores ataques a la economía de los españoles no fuera suficiente. En estos días se están planteando la posibilidad de cobrar por el uso de las autovías. La existencia de autopistas de pago se justifica porque la empresa concesionaria ha contribuido económicamente a la construcción de la vía, y se le otorga un plazo para que pueda resarcirse de su inversión con los ingresos que le aporten los que transiten por dicha carretera. Pero en el caso de las autovías, su construcción se ha realizado exclusivamente con fondos públicos, es decir, provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos y constituiría, a mi juicio, una doble imposición el pretender que ahora esos mismos ciudadanos paguen por usar esas autovías.
Pero hay una cuestión mucho más grave aún, si cabe, en esa pretendida imposición por transitar por las autovías: Según el artículo 19 de la Constitución, todos los españoles tenemos derecho a circular por el territorio nacional, por lo que para garantizar ese derecho, debe existir la posibilidad de que esa circulación sea gratuita; pero en muchos casos el trazado de las antiguas carreteras que unían poblaciones importantes fue incorporado a una autovía, con lo cual la única forma de desplazarse entre dichas poblaciones es la utilización de esa nueva vía rápida.
En fin espero que la cordura se imponga y, en todo caso, se dejen de acceso libre las autovías que carezcan de recorrido alternativo, ya que, en caso contrario, nos veríamos obligados, por ejemplo, a acceder a Andalucía desde la Meseta utilizando el camino que discurre por la Peña de Malabrigo y el Puerto del Rey, tal como ya utilizaran las tropas de Alfonso VIII en el mes de julio de 1212 (claro que para ello deberían quitar la barrera metálica que impide el acceso de vehículos por tales parajes).
En primer término, la Peña de Malabrigo. Al fondo, la autovía de Andalucía. |
Totalmente de acuerdo contigo, lo increíble es que encima parece que nos esten haciendo un favor, empleando expresiones como racionalizar, adecuar, copagar, cuando debería ser esquilmar, atracar, saltear, sisar, trincar, sustraer. etc.
ResponderEliminarLo único bueno de todo esto es que el tiempo suele poner a cada cual en su sitio; y espero que más de uno acabe unos años a la sombra y con todo su patrimonio incautado para que devuelva parte de lo robado.
EliminarTremenda tu exposición!!! También estoy totalmente de acuerdo contigo... ahora ya... lo de que la cordura se imponga... lo dudo, tratándose de nuestros políticos... A este paso nos veo haciendo las rutas a caballo por mitad de los cerros ;-) Y tampoco creo que ningún causante de la crisis acabe pagando por ello, y menos con la cárcel...
ResponderEliminarLamentablemente, tienes toda la razón. Nos metieron en esto dilapidando nuestro dinero y de aquí a unos años presumirán de que nos han salvado (lo que no dirán es que ha sido sacándonos el poco dinero que nos quedaba). También coincido contigo en que seguramente ningún "pez gordo" acabe en la cárcel y eso sería lo más grave, porque si no hay Justicia se tambalea el Estado de Derecho. Ulpiano definió la Justicia como la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde; y en este caso, si algunos no reciben el castigo que les corresponde, difícilmente se pude sostener la aplicación para los demás mortales.
EliminarHabría que intentar asociarnos de alguna forma, para ejercitar alguna forma de insumisión civil, creo yo.
ResponderEliminarAndrés, ya sabes que yo no puedo practicar la insumisión. Eso os lo dejo a vosotros.
Eliminar