MASCULINO GENÉRICO

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una campaña orquestada para eliminar el uso del masculino genérico en el idioma español. De hecho, se han editado trabajos patrocinados por organismos públicos, de distintos ámbitos, en los que se proponen alternativas que, a su juicio, eliminan el sexismo lingüístico y promueven la visibilidad de la mujer en el uso de la Lengua Española.

A modo de ejemplo citaré el Manual de lenguaje administrativo no sexista editado por la Asociación de Estudios Históricos Sobre la Mujer de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga; en el que se proponen, entre otras medidas, el uso de perífrasis, como La población andaluza en lugar de Los andaluces; o desdoblando los términos y alternando el orden de presentación, para no dar sistemáticamente prioridad al masculino sobre el femenino, sustituyendo Los trabajadores de la empresa por Los trabajadores y trabajadoras de la empresa  y en otras ocasiones Las trabajadoras y trabajadores de la empresa.

Por su parte, en el pleno de la Real Academia Española, celebrado el día 1 de marzo de 2012, todos los académicos numerarios y correspondientes que asistieron, suscribieron un informe redactado por el académico D. Ignacio del Bosque, sobre esta materia, en el que se defiende que hay un acuerdo general entre los lingüistas en que el uso genérico del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español, como lo está en el de otras lenguas románicas y no románicas, sin que haya razón para censurarlo.  Pero es más, si se aceptaran recomendaciones, como, por ejemplo, la Universidad de Murcia, de no usar expresiones tales como Va dirigido a los estudiantes de último curso, aconsejando que se use en su lugar Va dirigido a estudiantes de último curso; la supresión del artículo da lugar a secuencias anómalas y cambios de sentido (en este caso al no aparecer el artículo no queda claro si se refiere a algunos estudiantes o a todos).

La existencia de estas dos posturas discrepantes sería una sana expresión de la libertad que preside nuestro estado de derecho, a no ser porque desde alguna institución pública se ha instado a particulares a modificar publicaciones en las que, según dicha dependencia administrativa, no se respetaba esa visibilidad de la mujer. A una de esas muestras de intolerancia administrativa se alude en un artículo publicado por el académico D. Arturo Pérez Reverte el día 6 de diciembre de 2009 en una publicación semanal, con el título Chantaje en Vigo, en relación con el mensaje de advertencia remitido por una inspectora de Trabajo y Asuntos Sociales  a un empresario que publicó una oferta de trabajo dirigida a un auditor para una empresa solvente, en el que Se requiere a la empresa la subsanación de las ofertas vigentes y la realización de las futuras o bien en términos neutros, o bien referida simultáneamente a trabajadores de ambos sexos.

En este punto es en el que quiero hacer un razonamiento desde mis modestos conocimientos jurídicos, que pudieran aportar una luz al tema. Y empezaré por la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, ya que la Carta Magna, en su artículo 14 dice: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No hay que ser jurista para darse cuenta de que el texto empieza por la expresión Los españoles, y que la misma no se refiere sólo a los hombres, sino al conjunto de las personas que poseen la nacionalidad española.

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, comienza su exposición de motivos con la proclamación al derecho a la igualdad y a la no discriminación por  razón de sexo que hace el ya aludido artículo 14 de la Constitución (de lo que se deduce que han entendido perfectamente el sentido del masculino genérico empleado por el legislador constitucional).

Lo que no puede hacer ninguna ley, ni tan siquiera orgánica, ni por supuesto cualquier otra legislación de rango inferior es establecer una distinción que no hace la Constitución. Si el legislador constitucional hubiera querido seguir las directrices de esos trabajos promovidos por Ayuntamientos, Universidades y demás entidades subvencionadas, no hubiera empleado la expresión Los españoles, sino que hubiera utilizado expresiones tales como La población española, o Los españoles y españolas ( o las españolas y españoles), pero resulta que las normas jurídicas hay que estudiarlas en su propios términos, y el artículo 14 de la Constitución dice lo que dice y no lo que a algunas personas o colectivos les gustaría que dijese.

Sociológicamente, la definición de población es el grupo de personas que vive en un área o espacio geográfico; por tanto, la población española sería el grupo de personas que vive en el espacio ocupado por España. De esto se deduce que el constituyente español ni quiso otorgar esa generosa igualdad a todos los habitantes de España, tal como pudiera parecer si adoptamos la expresión La población española como sustitutiva de Los españoles, sino que intencionadamente se priva de ciertos derechos a los extranjeros residentes en nuestra patria, como es lógico y hacen todos los estados del mundo civilizado.

Pero lo más importante es el fin principal de una lengua es servir para la comunicación entre las personas que la utilizan, y siempre con la mayor concisión posible. Aquí debemos consignar que no nos cabe ninguna duda que la redacción del artículo 14 de la Carta Magna es claro y que todos sabemos interpretar su contenido. Tal es así que la ya aludida Ley Orgánica 3/2007 no ha tenido duda en basar sus postulados en el aludido artículo, pese a su redacción en masculino genérico. Lo que no se puede pretender es adaptar el resto de legislación a unos principios que no están contenidos en el texto constitucional, sino que provienen del capricho del legislador en una etapa concreta del devenir histórico.

Otro tanto se pudiera decir respecto a que se hubiera podido emplear la expresión Los españoles y españolas son iguales ante la ley, porque no debemos olvidar que otro de los principios que deben presidir el uso de una lengua es la concisión en el uso de los términos, por lo que se debe perseguir el expresar una idea con el mínimo de palabras indispensables.

La evolución de la lengua nos enseña que cambia y se adapta a las nuevas situaciones lentamente, respetando el uso de los hablantes. Pero lo que no se pueden es hacer imposiciones a la lengua, tanto académicas, como políticas.

Las normas lingüisticas no se imponen por decreto, sino que son el uso y la sabiduría de esa propia lengua hablada y escrita las que crean la norma, siendo misión de las academias, diccionarios y gramáticas registrar el hecho lingüistico, fijándolo y limpiándolo para su común conocimiento y mayor eficacia (recordemos en este punto el lema de la Real Academia Española: limpia, fija da esplendor).

A modo de conclusión debemos decir que ya Don Miguel de Cervantes Saavedra  utilizaba el masculino genérico en sus creaciones literarias, para que vengan ahora unos advenedizos iletrados, basándose en una legislación sin respaldo constitucional, a intentar cambiar uno de los cimientos de una lengua que hablan más de cuatrocientos millones de personas en el mundo y en la que se ha escrito la obra cumbre de la literatura universal.



Estatua dedicada a D. Miguel de Cervantes, sita en el casco histórico de Toledo.