Como siempre que escribo una entrada relacionada con la legalidad que nos hemos dado, me gusta realizar una referencia a nuestra Carta Magna, porque considero importante partir de la norma fundamental y estudiar si la aplicación práctica de sus postulados es adecuada o no a las circunstancias.
La Constitución dice que el sistema tributario debe ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Creo que no se puede discutir que la previsión constitucional es la adecuada para un Estado social y democrático de Derecho. El problema surge en la aplicación legislativa de esas previsiones constitucionales, ya que todos somos conscientes de que en los últimos años ha crecido sobremanera el importe de los impuestos existentes, habiéndose creado otros nuevos.
El resultado es que actualmente la carga fiscal sobre el salario medio español se acerca al 40%, y si bien es verdad que es una tasa algo inferior a la media europea (también los salarios son menores a los de los países con mayor carga impositiva); somos el país de la zona euro donde más ha crecido la presión fiscal en los últimos años.
Pero no sólo se pagan impuestos por las retribuciones salariales; sino que estamos sometidos a otros impuestos como el IVA, impuestos especiales, sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuestos municipales y tasas. Sumando todas estos impuestos, esa presión fiscal del 40% sobre las retribuciones se eleva a más del 50% de nuestros ingresos.
¿Es igualitario, progresivo y justo un sistema tributario que se lleva la mitad de los ingresos de una familia?. Puede que sea igualitario y progresivo, pero desde luego que es totalmente injusto.
Siempre se ha puesto como ejemplo al feudalismo de sistema que ahogaba al vasallo en beneficio de su Señor. Sin entrar en consideraciones políticas, en las que claramente hemos mejorado respecto al régimen feudal; si nos atenemos a las consideraciones de tipo económico prácticamente estamos igual, o incluso peor. Me explico: en el sistema feudal el vasallo era un usufructuario de la tierra, debiendo aportar en pago por ella una renta, consistiendo normalmente ese pago en trabajar gratis para el Señor tres días a la semana. Además estaba sujeto a pagar un diezmo a la Iglesia. Si consideramos que en aquellos tiempos no había días libres, el trabajar tres días para el Señor suponía el 42 % del tiempo de trabajo (y por tanto de los ingresos del mismo) y si sumamos el 10% para la Iglesia no da un total de poco más del 50% el total de ingresos que el vasallo tenía que dedicar al pago de impuestos.
Pero es más, en los últimos meses la escalada de los impuestos y tasas, sobre todo a nivel municipal, parece que no tiene freno, para intentar sanear unas instituciones que han gastado en el pasado muchísimo más dinero del que ingresaban. Incluso llegan a duplicar impuestos (por ejemplo, en muchos casos el Impuesto de Bienes Inmuebles incluía la tasa de recogida de basuras; y ahora, además de subir el importe del impuesto, crean una tasa por separado). Los errores en la administración de los presupuestos de los gobernantes los deberían pagar ellos, y no los sufridos gobernados. El culmen de esa voracidad impositiva ha llegado a mediados del mes de julio, cuando se ha pegado un hachazo tal a la economía de todos los administrados que nos deja en una situación humillante, acabando con cualquier muestra de bienestar en nuestras vidas. Ya sólo les falta restabler el derecho de pernada.
Una buena forma de ingresar más es dejar de gastar en lo que no se debe, eliminando subvenciones absurdas y cobrar a quién no se merece tener servicios gratuitos, ya que no ha contribuido en forma alguna al mantenimiento de dicho servicio.
Un ejemplo claro de impuesto medieval que daba pingües beneficios era el portazgo, consistente en cobrar una tasa a los que pasaban por un puente o entraban en una ciudad, estando exentos de su pago los vecinos de dicha ciudad y las aldeas de alrededor (lo que se anunciaba en placas de piedra colocadas en los lugares de control). Pues la versión moderna y degradada del portazgo es que nos quieren hacer pagar a todos por circular por las autovías que se han construido con nuestros impuestos. Lo justo sería que pagaran sólo los turistas y transportistas extranjeros que circulen por España y así lo anunciaran en esos grandes y costosos carteles luminosos con los que llenan las autovías (en algunos casos con una cámara de radar oculta al otro lado del panel).
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| Placa colocada en la Puerta del Cambrón de Toledo. |
Otro tanto cabe decir de la visita a monumentos restaurados con subvenciones o museos que amplían sus fondos con cargo al Ministerio de Cultura. Aunque en algunos casos se han suprimido los días semanales gratuitos para españoles, como en el caso de los monumentos toledanos (lo que de inmediato debería suponer que devuelvan todas las subvenciones por restauración que hayamos pagado los españolitos); por suerte, se sigue manteniendo, de momento, la gratuidad ciertos días de la semana y en fechas señaladas, como el Día de la Hispanidad, el Día de la Constitución o el Día Internacional de los Museos (esta última fecha es la única que se respeta en todos casos).
